Solidaridad internacional: mujeres trabajando juntas para construir un mundo mejor para todas y todos

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 27 y 28 de agosto de 2012

Resolución

En estos tiempos de crecientes desigualdades de carácter económico, político y social a causa de la crisis financiera mundial, la reacción política conservadora y neoliberal de tantos gobiernos está agravando para muchas mujeres la pobreza, la marginalización y la injusticia: desde un menor avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), hasta el shock de las medidas de austeridad.

El objetivo de la igualdad de género tampoco se ha cumplido, con consecuencias igualmente negativas, en vista de que la consecución de los ODM depende en gran medida del empoderamiento de la mujer y de un acceso igual a la educación, al trabajo, a la sanidad y a la toma de decisiones. La cuestión de igualdad salarial por un trabajo de igual valor, sigue teniendo una importancia fundamental en nuestra lucha por los derechos de la mujer. También debemos reconocer la desigualdad de los avances realizados dentro de países y regiones, y las graves desigualdades que existen entre una población y otra, particularmente entre las zonas rurales y urbanas.

Hay en el mundo claros ejemplos de gobiernos socialdemócratas que procuran erradicar la pobreza, aumentar los derechos políticos de la mujer, mejorar las condiciones de la mujer rural en países en vías de desarrollo y hacer una distribución justa de los recursos financieros. Estos gobiernos tienen el deber de compartir sus logros de forma solidaria con otros, para que estos puedan seguir su ejemplo y adaptarlos a sus circunstancias particulares.

La solidaridad es el valor compartido que define a las organizaciones socialistas, laboristas y socialdemócratas miembros de la Internacional Socialista de Mujeres y en el que se sustenta su trabajo. Es más importante que nunca que las mujeres y sus organizaciones trabajen juntas y aprendan unas de otras, ya que sólo podemos hacer que éste sea un mundo mejor, más equitativo y justo para todas y todos cuando trabajamos juntas. La solidaridad también conlleva la distribución de la riqueza y de los recursos, no solo entre regiones o estados, sino también dentro de una misma sociedad.

“Trabajando juntas en solidaridad para erradicar la pobreza”

El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, reducir la pobreza extrema y el hambre a la mitad de las tasas existentes en 1990, se ha logrado antes del 2015 a pesar de la crisis financiera internacional, pero la pobreza extrema sigue siendo muy extendida. Según el Banco Mundial, en 2008 386 millones de personas en el África subsahariana seguían sufriendo una pobreza extrema, 284 millones de personas eran afectadas en Asia del Este y 570 millones de personas en Asia del Sur. En América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), alrededor de 70 millones de personas vivían bajo extrema pobreza en 2011. También en Europa y Norteamérica se dispara la brecha entre ricos y pobres. En Europa poco menos de una de cada cuatro personas está en peligro de caer en la pobreza, y en Norteamérica el porcentaje de la población que vive en la pobreza ha subido del 13,2 en 2008 al 15,1 en 2011.

Es mucho lo que se puede aprender de países en vías de desarrollo que no consideran que el crecimiento económico es el único criterio del éxito. Estos países adoptan políticas que están sacando de la pobreza a millones de personas por medio del aumento de empleo, la introducción del salario mínimo, la lucha contra la corrupción rampante y pagos a las familias más pobres, a los agricultores, y a quienes contribuyen a la conservación de los recursos naturales. Los beneficios se notan en una reducción de la desnutrición infantil, un recorte sustancial en el número de personas que subsisten con unos ingresos equivalentes a 1 dólar al día, y en el avance a la disminución de la brecha entre ricos y pobres.

“Trabajando juntas en solidaridad por los derechos políticos de la mujer”

Hay una persistente infrarrepresentación de las mujeres en los cuerpos legislativos y en la mayor parte de niveles de toma de decisiones, con una media actual del 20% de mujeres en parlamentos nacionales alrededor del mundo, según la Unión Interparlamentaria (UIP). Muchos países están sufriendo una reacción adversa.

Manifestaciones masivas en Túnez en contra de las menciones de la posición de la mujer en el proyecto de la constitución, en el que el término “igualdad” se ve sustituido por el de “complementariedad”, constituyen una clara indicación de esa reacción. La Primavera Árabe hasta la fecha ha obtenido diferentes resultados para las mujeres. Los resultados de las realizadas pero luego suspendidas elecciones parlamentarias en Egipto emitieron un número inferior de diputadas que antes de la revolución. El parlamento egipcio hoy cuenta con ocho diputadas en un total de 508, lo que representa menos del 2%, en comparación con el 12% con anterioridad a la revolución. Las treinta y tres mujeres que han sido elegidas recientemente al Congreso Nacional General de Libia en las primeras elecciones libres es un éxito, porque bajo el régimen de Muammar Gaddafi sólo un pequeño número de mujeres libias participaban activamente en la política.

Los países nórdicos de Europa son los que siempre se han situado a la vanguardia en la consecución de representación y liderazgo de mujeres. Algunos países europeos ahora están llevando las cuotas de mujeres de la política a las empresas y negocios, implantándolos en los consejos de administración. Estos países europeos deben trabajar con mujeres latinoamericanas, asiáticas y africanas para compartir esas estrategias y asegurar que las mujeres estén representadas en puestos de toma de decisiones, cargos ministeriales y parlamentarios. Además de cuotas, tienen que tomarse otras medidas a fin de mejorar el clima político en general y de esta manera empoderar políticamente a la mujer a escala mundial. Las cualidades del liderazgo femenino tienen mucho valor a la hora de superar la crisis económica actual. Esta es una oportunidad que se debe aprovechar plenamente.

La disposición sobre cuotas de género en los estatutos de la Internacional Socialista debería establecer un estándar mínimo de los estatutos y estructuras de los partidos miembros de la Internacional Socialista, ya se trate de mandatos políticos o los órganos del partido. Sin embargo, nuestra meta común siempre tiene que ser de asegurar una representación equitativa entre mujeres y hombres en todos las posiciones de toma de decisión, y en los ámbitos legislativo, ejecutivos y judiciales, así como dentro de los partidos políticos. Los partidos miembros deben presentar informes periódicos sobre la igualdad de género dentro de sus estructuras al Consejo o al Congreso de la Internacional Socialista.

“Trabajando juntas en solidaridad para mejorar las condiciones laborales y sociales de las mujeres rurales”

El modelo económico que numerosos países han adoptado a lo largo de las dos últimas décadas ha agravado las desigualdades en la población mundial. Las mujeres rurales, que representan más de una cuarta parte de la población mundial y dos tercios de la población analfabeta, en casi todo sufren peores ingresos que los hombres rurales u hombres y mujeres urbanos. Millones de ellas tienen niñas/niños a su cargo, y se enfrentan con escasez de alimentos; tienen que caminar por horas para recoger agua y combustible; y tienen que superar enfermedades con carencia de recursos necesarios. Trabajan horas prolongadas en el campo – que por su parte se ve afectado por el deterioro medioambiental y el cambio climático – a cambio de un salario bajo, o ninguno. Son particularmente susceptibles a las crisis globales, como la actual crisis financiera de hoy en día, y son ellas quienes tratan de absorber el impacto que esto tiene sobre sus familias.

Si bien la situación de la mujer rural en los países en vías de desarrollo es alarmante, también es verdad que la crisis intensifica las desigualdades existentes en cuanto a las condiciones laborales de las mujeres en los llamados países desarrollados. Un número creciente de mujeres están empleadas en condiciones de inseguridad e inestabilidad, sean trabajos a tiempo parcial, o puestos temporales, u otras condiciones de trabajo precario, mientras que otras mujeres trabajan como autónomas sin cobertura de seguridad social, lo que obliga a miles de mujeres a un estado de inseguridad económica.

La Internacional Socialista de Mujeres reconoce la importancia de la introducción por la Organización de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebró por primera vez el 15 de octubre de 2008, en reconocimiento del “papel crítico y la contribución de la mujer rural, incluidas las mujeres indígenas, para mejorar el desarrollo agrícola y rural, mejorar la seguridad de los alimentos y erradicar la pobreza rural.” (Resolución de la Asamblea General de la ONU 62/136, del 18 de diciembre de 2007)

Derechos sexuales y reproductivos de la mujer siguen siendo violados en todo el mundo, a pesar de los convenios internacionales para proteger la salud de la mujer y la integridad corporal. Por lo tanto todas las mujeres y las niñas deben tener acceso a servicios médicos seguros y legales, tratamientos y asistencia así como la educación, la prevención y sensibilización sobre el VIH/SIDA. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos básicos que contribuyen al desarrollo social, económico y financiero de las mujeres y las niñas.

“Trabajando juntas en solidaridad por una distribución justa de los recursos financieros”

La reacción de los países desarrollados a la crisis financiera no debe consistir en la adopción de prácticas comerciales proteccionistas, monopolistas o desequilibradas. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO), el 70% de la población más pobre del mundo depende de la agricultura para su subsistencia. Sin embargo, una persistente serie de subsidios cuantiosos que distorsionan el comercio, y una serie de normas muy complicadas o severas adoptadas en los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), impiden la exportación de los productos de agricultores africanos y latinoamericanos a un precio justo y razonable, y obligan a la importación de productos de Europa. Por otra parte, se necesita una política de sueldos y salarios justos en los países desarrollados para asegurar que el alza de precios de productos alimenticios no se haga a costa de quienes ya están desfavorecidos.

Igualmente, países en vías de desarrollo que cuentan con valiosos recursos naturales encuentran que países desarrollados establecen monopolios de la extracción de esos recursos (pagando un precio bastante inferior a su valor en el mercado abierto); devastando, en muchos casos, recursos esenciales como el agua o depredando el medioambiente, comprometiendo a las generaciones futuras; o bien se establece un desequilibrio comercial (donde las importaciones de los países en vías de desarrollo superan mucho más que sus exportaciones), lo cual también impide el desarrollo económico de estos países. Empresas como Monsanto abusan las patentes de productos agrícolas y semillas transgénicas por motivos de lucro propio en detrimento de la población rural del mundo.

El sistema comercial internacional debe ser reformado para que pueda responder a las necesidades de la población mayoritaria mundial que vive en los países en vías de desarrollo. Lo más efectivo para aliviar la pobreza mundial y mejorar la vida de millones de personas que viven en los países en vías de desarrollo, sería de mejorar el acceso a los mercados desarrollados en igualdad de condiciones sin prácticas comerciales restrictivas, a la vez que se implementan políticas de comercio justo que aseguren una condiciones laborales dignas.

Por tanto, la Internacional Socialista de Mujeres llama a los gobiernos y partidos miembros de la Internacional Socialista a:

Crear un marco compartido para formular políticas, programas y ayuda al desarrollo (con una cuota de género determinada) encaminados a seguir recortando la pobreza extrema y el hambre entre las mujeres;

Diseminar ampliamente políticas y leyes adoptadas por gobiernos que han combatido exitosamente la pobreza, fomentado la igualdad de género, mejorado las condiciones de las mujeres rurales en países en vías de desarrollo y distribuido recursos equitativamente entre países en vías de desarrollo y países desarrollados como también dentro de cada sociedad;

Alentar y promover vigorosamente las redes y alianzas de organizaciones de mujeres tanto en países en vías de desarrollo como desarrollados a fin de dar un apoyo más efectivo a las mujeres que han sido elegidas a cargos de responsabilidad; e impulsar la cooperación en actividades y proyectos conjuntos cuyo objeto es combatir la pobreza, aumentar la igualdad política, mejorar las condiciones para las mujeres rurales en países en vías de desarrollo y hacer una distribución equitativa de recursos;

Promover de inmediato leyes y políticas públicas efectivas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales en países en vías de desarrollo: transformando el trabajo agrícola en trabajo asalariado; definiendo y garantizando la cobertura de seguridad social, programas de alimentación y educación; y empoderando la participación en el proceso de toma de decisiones en los planos económico, político, social y cultural;

Combatir el trabajo precario para la mujer, asegurar la protección de los derechos laborales por los gobiernos, impulsar el acuerdo colectivo y ampliar el alcance de la legislación laboral para abarcar trabajos no protegidos en donde la mujer es más predominantemente como labores domésticas, cuidados, personas que trabajan en su propia casa o a tiempo parcial. La implementación del concepto de igualdad salarial por un trabajo de igual valor, como de también el impulsar e implementar el principio de un trabajo digno para todos, son temas de la mayor importancia y

Coordinar la acción para reformar los tratados comerciales a fin de mejorar el acceso libre de los países en vías de desarrollo a los mercados de los países desarrollados, reconociendo que los gobiernos de aquéllos deben cumplir por su parte su obligación de respetar los derechos humanos y de optar por una gobernanza transparente, y que por su parte los gobiernos de países desarrollados tienen que asegurar que no se niegue este acceso a las personas socialmente desaventajadas de la sociedad, principalmente mujeres.

 

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