La libertad sexual y reproductiva: un derecho de la mujer

San José, Costa Rica, 20 de enero de 2012

Resolución

A mediados de los años 1990, en una serie de conferencias internacionales patrocinadas por la Organización de Naciones Unidas, ONU, se abordaron cuestiones en torno a los Derechos Humanos, preparando el camino para convenios y acuerdos internacionales posteriores que han sido firmados y ratificados por los Estados miembros de la ONU.

Entre ellas, las conferencias más importantes y las que trataron concretamente el tema de los derechos de mujeres y niñas fueron:

la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, la cual abordó los Derechos Humanos de mujeres y niñas y proclamó que los derechos de la mujer son derechos humanos;

la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo celebrada en Cairo en 1994 en la que se trató entre otros el tema de los derechos y la salud sexual y reproductiva de la mujer en el programa de Derechos Humanos, colocando a la mujer en el centro de políticas en torno a la cuestión de población;

la cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing (Pekín) en 1995, la cual ponía de manifiesto y acentuaba la fuerza y significado de los derechos de la mujer, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, a los cuales calificaba de factores críticos para el desarrollo.

Estas conferencias han conducido a un compromiso sin precedentes por parte de la mayoría de gobiernos en todo el mundo, dando un nuevo impulso al conocimiento de los derechos humanos de la mujer en el plano internacional.

En años posteriores se registró una gran actividad legislativa impulsando los derechos de la mujer en general y en particular sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva, que más tarde se convirtieron en los pilares de la Plataforma de Acción de Beijing, que se centró en dos principios: “integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales” y “Promover el acceso de las mujeres a todos los niveles de toma de decisión en las esferas pública, privada y social”.

Lamentablemente, en la primera década del siglo veintiuno se ha visto una reacción violenta a la construcción de un mundo más igualitario: las inigualdades han crecido más y más debido a la adopción de políticas neoliberales por parte de muchos países, acompañada de una reacción conservadora en las políticas que tocan en los derechos de las mujeres en general, y en particular en sus derechos sexuales y reproductivos.

Las consecuencias son múltiples y variadas: se han cancelado proyectos sobre educación e información, servicios de asesoría sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas; se han recortado drásticamente los apoyos a programas anticonceptivos y de planificación familiar; se han puesto más y más obstáculos, económicos tanto como geográficos, al acceso a servicios de sanidad sexual y reproductiva; se ha cuestionado o denegado el principio de la autodeterminación, y la legislación en torno al aborto seguro se ha visto restringida o desestimada; las personas que viven con el VIH han sufrido discriminación y se ha criminalizado la transmisión del VIH. Conservadores y fundamentalistas consideran que la ratificación del Protocolo Optativo del CEDAW constituye un peligro, un incumplimiento de las leyes sobre el aborto y una amenaza a la soberanía nacional que favorece a las fuerzas del mal.

Esto sigue ocurriendo en muchos países del mundo, desde Europa central y oriental, hasta Asia Central y a Latinoamérica y el Caribe, mayormente por iniciativas de gobiernos conservadores en ciertos casos, aunque también, lamentablemente, por iniciativa de, o con el apoyo de, fuerzas progresistas, incluidos partidos miembros de la Internacional Socialista. Estos países pretenden desbaratar el resultado de la lucha que las mujeres han librado a lo largo de décadas para que se las reconozca como personas dignas con derecho a la privacidad y a la salud, y otros derechos humanos inalienables.

La Internacional Socialista de Mujeres manifiesta su profunda preocupación ante esta tendencia alarmante, la cual es una clara manifestación de las culturas patriarcales prevalecientes que se han impuesto como objetivo normalizar y reproducir la subordinación y discriminación de la mujer en el campo de la sexualidad y la reproducción.

La Internacional Socialista de Mujeres se proclama en contra de estos acontecimientos y lanza un llamamiento dirigido a poner freno a esta reacción conservadora y misógina, instando a todas las personas y partidos progresistas, líderes y formadores de opinión, a unirse y proclamar que los derechos sexuales y reproductivos comprenden también el derecho a la protección contra prácticas tradicionales que dañan la salud física y psíquica de las mujeres. El resultado indirecto de una legislación más estricta sobre el aborto, aduciendo razones de defensa de la vida, a menudo consiste en una sentencia de muerte para muchas mujeres; mientras que por el contrario, unas leyes más justas sobre el aborto reduce el número de muertes.

La Internacional Socialista de Mujeres urge por tanto a todas las partes interesadas, y en particular a gobiernos dirigidos por partidos socialistas y socialdemócratas, y a todos los partidos miembros de la Internacional Socialista, a:

promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y muchachas, garantizando la adopción de leyes y políticas que promueven la salud sexual y reproductiva en todos los niveles;

dar prioridad a la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos mediante políticas sociales y sanitarias y el refuerzo y desarrollo de programas orientados a todas las mujeres y jóvenes;

instituir una educación sexual amplia y programas de información orientados a promover los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género, y la conquista de los estereotipos culturales en cuestión de género;

ofrecer apoyo permanente a mujeres y hombres que luchan en todo el mundo por los derechos humanos, y en particular los derechos sexuales y reproductivos de la mujer;

instar a mujeres y hombres en todas partes del mundo a continuar con más ahínco la lucha contra las prácticas que deniegan a la mujer sus derechos sexuales y reproductivos;

solicitar la intervención de ONGs en la creación, implantación y evaluación de políticas públicas en lo que se refiere a la salud y derechos reproductivos y sexuales de la mujer;

solicitar el acceso al derecho de reproducción para quienes padecen de infertilidad, valiéndose de las oportunidades que ofrece el progreso de la ciencia;

demandar el fin de una discriminación y violencia tan difundidas contra la persona debido a su orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados a aplicar el marco legal internacional para poner fin a estos atentados contra los derechos humanos;

exigir más insistentemente responsabilidades a los gobiernos en lo que se refiere a sus compromisos ante órganos y tratados internacionales en torno a los derechos sexuales y reproductivos y de la mujer, y obtener fuertes compromisos gubernamentales al respecto y también mediante la disponibilidad de fondos;

asegurar que los jóvenes de 10 a 24 años de edad tienen acceso a un servicio amplio en materia de salud sexual y reproductiva, y a educación sexual, y a idear las políticas necesarias para una vida sana y segura;

idear políticas y distribuir fondos dirigidos a la prevención, tratamiento y cuidado de personas que han contraído el VIH, como también otras infecciones de transmisión sexual, y derogar leyes que criminalizan la transmisión del VIH.