Mujeres liderando la gobernabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe

Santiago, Chile, 3 y 4 de noviembre de 2006

Resolución

La participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe ha aumentado paulatinamente durante la última década. Hay aproximadamente un 15% de mujeres en el poder ejecutivo, un 13 -14% en el legislativo y 11 países tienen ley de cuotas. A nivel local el 5% del total de las alcaldías está encabezada por mujeres. Son avances a celebrar, pero no bastan: en la región de América Latina y el Caribe no se quieren estos mínimos logros como modelo sino que lo verdaderamente importante son las condiciones reales igualitarias de participación política y social.

Las mujeres latinoamericanas hicieron un gran aporte a la construcción de la democracia, sobre todo durante las guerras y en la lucha contra las dictaduras, pero ello no se tradujo en general en las mujeres alcanzando posiciones de poder. En este contexto, Chile atrae la atención del mundo entero al tener a una mujer presidente, Michelle Bachelet, y un gobierno paritario en lo que respecta a ministerios, subsecretarías y jefaturas de servicios en todo el país. Además, se trata de una mujer socialista, una miembro de la familia de la Internacional Socialista. Pero la Internacional Socialista de Mujeres quiere que la excepción deje de serlo, que haya gobiernos paritarios en toda la región, ya que a pesar de todo en Chile y muchos otros países, la participación de las mujeres en los parlamentos, gobiernos municipales y partidos sigue siendo una asignatura pendiente.

Para que sea natural la distribución equitativa en lugares de poder, hay que recurrir a acciones afirmativas, como el sistema de cuotas. Es una cuestión de principios democráticos: existen carencias en la representación, y por ello, urge introducir mecanismos que las corrijan.

Paralelamente, el avance hacia sociedades más democráticas y justas, requiere la transformación de las estructures sociales, económicas y políticas. Esto requiere de herramientas concretas para el logro de la igualdad de oportunidades en donde las condiciones de partida son diferentes. Es por ello que se necesitan políticas públicas de activa promoción de las mujeres, que impulsen y aseguren su adecuada inserción en el mundo laboral y en los distintos ámbitos sociales y políticos en condiciones de equidad y sin acoso sexual ni discriminaciones. Estas políticas públicas tienen que incluir la dimensión de género y que no sólo estén dirigidas a las mujeres. Las mujeres no accederán a la igualdad real sólo con políticas para ellas. Estas políticas públicas deben inscribirse en el marco de modelos de desarrollo sostenible, inclusivos y equitativos.

Para lograr gobernabilidad se requieren instituciones democráticas y estables y buenas relaciones entre el gobierno y la sociedad. Una sociedad inclusiva donde las mujeres juegan un papel activo aceleraría este proceso.

En consecuencia la Internacional Socialista de Mujeres:

  • apoya la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet de constituir una Alianza Paritaria Latinoamericana, que potencie a las mujeres en sus objetivos igualitarios, con el propósito, en definitiva, de conseguir una región más acogedora para todas sus mujeres y para todos sus hombres y
  • valora el compromiso de la presidenta para terminar con la violencia hacia las mujeres, promover los derechos sexuales y reproductivos entre los y las jovenes, terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y aumentar la tasa de incorporación de las mujeres al mercado laboral.

Además, la Internacional Socialista de Mujeres hace un llamamiento a los gobiernos de la región, en especial a aquellos liderados por partidos miembros de la Internacional Socialista, a:

  • firmar y ratificar, lo más pronto posible, el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación en Contra de la Mujer, CEDAW, así como todos aquellos tratados, acuerdos y compromisos internacionales y regionales;
  • hacer valer los derechos de las mujeres en el trabajo, familia, acceso a bienes públicos, salud, educación, vivienda y ayudar así a la eliminación de la violencia contra las mujeres;
  • adoptar medidas para asegurar la representación de las mujeres en todos los niveles de las estructuras del gobierno y los partidos políticos;
  • garantizar la plena vigencia a nivel internacional, regional y local de los derechos sexuales y reproductivos en todas las etapas de la vida de las mujeres. En este aspecto, la ISM deplora la reciente ilegalización del aborto terapéutico en Nicaragua, considerándolo un retroceso en los derechos de las mujeres como humanas e insta o su inmediata reposición;
  • promover la generación de políticas publicas dirigidas a las mujeres migrantes, desde un espiritu internacionalista y solidario, tendiente a su reconocimiento como sujetas de derechos económicos, políticos, sociales y culturales;
  • promover, en el contexto de reformas electorales, acciones afirmativas para asegurar la participación equilibraba de la mujer y del hombre en la toma de decisiones, tanto en istituciones como en partidos políticos, puesto que es fundamental para el desarrollo de la gobernabilidad democrática.

Finalmente, la igualdad de oportunidades no es solamente responsabilidad de las mujeres, sino también de sociedades democráticas y de partidos sensibles a los cambios culturales, con vocación por la justicia social, la equidad y la solidaridad con el fin de mejorar la calidad de nuestras democracias y por una mayor eficacia de nuestro desarrollo económico y social.

 

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