Violencia de género: máxima expresión de la desigualdad

Madrid, España, 4 y 5 febrero de 2004

Resolución

En ningún país del mundo mujeres y hombres tienen el mismo estatus y las mismas oportunidades. Según los diferentes informes sobre desarrollo humano de Naciones Unidas, las mujeres, por el hecho de serlo, son discriminadas en diferentes grados en todo el mundo. Constatamos que la violencia de género es un fenómeno mundial resultante de esta profunda situación de desigualdad y uno de sus máximos exponentes.

La Conferencia Mundial de la ONU en 1993 sobre Derechos Humanos establece que la violencia de género es la violencia que pone en peligro los derechos fundamentales, la libertad individual y la integridad física y psicológica de las mujeres. En la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en los artículos 1 y 2, se especifica que “violencia contra la mujer significa cualquier acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, que incluye las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se procede en la vida pública como en la privada”.

La ISM felicita a la Organización Mundial de la Salud por haber elaborado el Informe Mundial sobre Violencia y Salud (Octubre 2002): este primer examen comprehensivo del problema de la violencia presenta información sobre violencia como un problema global de salud pública. Al publicar este informe la OMS también apoya y apuntala la labor y los hallazgos del Informe Especial sobre Violencia contra la Mujer.

La desigualdad entre hombres y mujeres es el origen de la violencia de género, y es la propia estructura social quien proporciona legitimidad a estos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad. Al decir que la violencia de género es una consecuencia de ese modelo de sociedad, también decimos que el fin de esta violencia sólo será posible con un cambio de modelo, con el fin de las relaciones de dominación, con la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres. Son los Estados por lo tanto quienes tienen responsabilidad sobre ese modelo que debe ser modificado, y deben intervenir con todos los medios a su alcance para prevenir la violencia y proteger a sus víctimas.

En algunas partes del mundo las mujeres son cruelmente tratadas e incluso ejecutadas por supuestas relaciones extra-maritales o por tener hijos ilegítimos – con frecuencia fruto de una violación o una violación a manos de una pandilla. En muchos países incontable número de mujeres son objetivo específico y son víctimas de torturas y asesinatos, lo cual constituye para ISM un caso de flagrante femicidio.

La violencia de género, igual que lo hace la desigualdad entre hombres y mujeres, se manifiesta de múltiples formas. Una de ellas es la violencia ejercida dentro de la familia. Según la Organización Mundial de la Salud casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores, un porcentaje que se eleva hasta el 70 por ciento en algunos países. Y una de cada cuatro mujeres es víctima de los abusos sexuales por parte de su pareja en el curso de la vida.

Subrayamos que más allá de que los responsables de estos actos son los agresores, los Estados tienen también su parte de responsabilidad, puesto que no han tenido la debida diligencia para proteger a estas mujeres. Esta doctrina viene recogida claramente en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas. Por lo que deberían impulsar leyes de carácter integral que abarquen el fenómeno en toda su complejidad.

Siendo conscientes de que la violencia de género tiene diversas manifestaciones y que muchas de ellas afectan directamente a las niñas, queremos denunciar la grave situación de millones de niñas que cada año son mutiladas genitalmente. También denunciamos la selección de sexo, los abortos forzados y el infanticidio de niñas.

En el Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas de Septiembre de 2000, se reseña que cuatro millones de mujeres y niñas son vendidas o compradas cada año con uno de estos tres destinos: prostitución, esclavitud o matrimonio, y que dos millones de niñas son introducidas cada año en el comercio sexual.

La trata y el tráfico de mujeres y niñas son una violación de los derechos humanos, y están directamente relacionados con las desigualdades de género y las causas socioeconómicas, las políticas restrictivas a la inmigración y la pobreza. Por lo tanto, para combatirles, es necesario adoptar un enfoque multidisciplinar en el que participen todas las partes implicadas, así como la cooperación nacional e internacional entres los países de origen, de tránsito y el de destino.

La violencia de género supone, en definitiva, la subordinación de las mujeres. Una violencia que ataca a las mujeres por el mero hecho de serlo, que nace de la estructura social y se reproduce en todos sus ámbitos, desde la propia familia hasta prácticas institucionales, por lo que su erradicación debe ser uno de los principales objetivo de los órganos internacionales y de los Gobiernos en cuanto afecta a los derechos humanos.

La Internacional Socialista de Mujeres, por lo tanto:

  • hace un llamamiento para que los Estados ratifiquen todos los instrumentos para la protección y promoción de los derechos de la mujer, en particular el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y retiren donde sea necesario las reservas que hayan presentado y firmen y/o ratifiquen su Protocolo Facultativo;
  • hace un llamamiento para que se elaboren legislaciones de carácter integral contra la violencia de género en todos los Estados. Estas deben abordar el problema en todas sus facetas, desde la prevención en la educación, la sensibilización social, la mejora de los sistemas policiales y judiciales, hasta la protección efectiva a las víctimas, la reparación del daño, y su recuperación integral e agregar legislación para prohibir el acceso a sus viviendas de quienes perpetran actos de violencia doméstica;
  • hace un llamamiento a todos los gobiernos nacionales para que introduzcan legislación comprehensiva para que la violación – incluyendo la violación cometida por personal de vigilancia del cumplimiento de la ley – constituya una ofensa criminal en aquellos lugares donde todavía se la considera una falta menor, y para que la violación sistemática constituya un crimen de guerra y que aseguren que los responsables sean perseguidos y llevados a la justicia por la Corte Penal Internacional establecida por las Naciones Unidas;
  • enfatiza la necesidad de que los Estados asignen los presupuestos necesarios para combatir la violencia de género en todas sus facetas, estableciendo amplios programas de atención integral y protección a las víctimas. Los esfuerzos y avances en este contexto deberían considerarse como criterios para la evaluación del desarrollo de los proyectos y programas de cooperación, tanto por los donantes como por los beneficiarios de los fondos;
  • observa la necesidad de colaboración con las organizaciones civiles y de mujeres expertas en esta materia y anima a los estados a establecer una estrecha cooperación con ellas, basada en la independencia, el reconocimiento y respeto mutuo;
  • hace un llamamiento para que la erradicación de la trata y del tráfico de mujeres y niñas sean uno de los principales objetivos de los estados en sus políticas y se combatan de forma integral, interviniendo activamente en la persecución de las mafias, la prevención, la sensibilización social y la atención y apoyo a las víctimas; también para que se provean programas de protección a testigos para las mujeres que aportan evidencia contra los traficantes en las cortes;
  • hace un llamamiento al Secretario General de la ONU para que, en aquellas intervenciones de Naciones Unidas como fuerza de paz y humanitarias que realice, se priorice la prevención de las violaciones y agresiones masivas a mujeres y niñas, y ponga los medios para evitarlas y prevenirlas en todos los conflictos internacionales, regionales y locales; y para que considere la elaboración y la adopción de una Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer;
  • manifiesta la necesidad de que se considere la violencia de género un motivo para la concesión del derecho de asilo;
  • observa la urgente necesidad de que los Estados aprueben y apliquen leyes contra la mutilación genital femenina, la selección de sexo, los abortos forzados y el infanticidio de niñas y, así como aquellos delitos y crímenes justificados por el honor, las tradiciones y las creencias religiosas.

Finalmente la Internacional Socialista de Mujeres quiere manifestar la imperiosa necesidad de trabajar por el avance de las mujeres al entender que, sólo alcanzando la igualdad entre hombres y mujeres se podrá erradicar la violencia de género, pues precisamente su origen está en la desigualdad, la dependencia y la discriminación.

 

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FIN