Estrategias para prevenir y combatir el tráfico de mujeres

Viena, Austria, 29 de abril de 2006

Declaración

El tráfico de seres humanos es el negocio que más beneficios rinde a la delincuencia transnacional organizada. La cifra se sitúa en siete mil millones de dólares americanos, mucho más de lo que rinde la venta de armas y de drogas. Las víctimas del tráfico son explotadas sexualmente, se las obliga a trabajar como esclavas o cautivas, a casarse y a someterse a la extracción de órganos. Se calcula que el número de mujeres y niñas traficadas se sitúa en la cifra de 700.000 al año; medio millón de mujeres van a parar a estados miembros de la UE cada año.

La cooperación internacional de autoridades judiciales y policiales tiene que ser reforzada para combatir la delincuencia transnacional organizada. Es necesario a la vez tomar medidas para mejorar la situación económica de la mujer en los países de origen. La independencia económica de la mujer aseguraría que no fuera presa fácil de los traficantes. Es menester una mayor cooperación política y económica con los Estados afectados. El apoyo y ayuda a las víctimas del tráfico en los países de destino debe ser acelerado con la puesta en efecto de la directiva del caso de la UE antes del 6 de Agosto de 2006.

En consecuencia, la Internacional Socialista de Mujeres:

  • hace un llamamiento a organizaciones internacionales a iniciar cooperación con ONGs a fin de redactar planes de acción internacional que sirvan de pauta para leyes vinculantes y acciones internacionales teniendo en cuenta el reciente adoptado plan de acción del Consejo de la Unión Europea que debería ahora ser implementado;
  • hace un llamamiento a gobiernos y organizaciones internacionales a proveer los necesarios medios para la implementación de dichos planes de acción;
  • hace un llamamiento a todas las organizaciones miembro a iniciar la cooperación con otras ONG y autoridades gubernamentales a fin de redactar un Plan de Acción Nacional que sirva de pauta para leyes vinculantes y acciones institucionalizadas;
  • enfatiza la necesidad de que los respectivos gobiernos nombren un coordinador nacional para que asuma la responsabilidad del desarrollo e implementación del Plan de Acción Nacional. Se deberán tomar las medidas legislativas necesarias para equipar al coordinador con un amplio respaldo logístico y político de los ministerios correspondientes;
  • demanda que se nombre un relator nacional que esté investido del derecho legal para recoger y evaluar datos e información sobre el tráfico de seres humanos. Se recogerán y presentarán al parlamento todos los hechos, datos y demás información pertinente. Esto constituirá la transición de la toma de medidas reactivas a la toma de medidas proactivas;
  • urge a los gobiernos a otorgar a las mujeres víctimas del tráfico un plazo de estabilización de 30 días durante el cual no estarán obligadas a prestar testimonio, deberán ser informadas por las autoridades de sus derechos y tendrán cobertura de seguridad social;
  • subraya que una vez cumplido el plazo de estabilización las mujeres que estén dispuestas a cooperar con las autoridades deberían recibir permiso de residencia y de trabajo;
  • observa que es menester adoptar programas especiales de protección de testigos y víctimas que tomen parte en juicios y también durante el proceso judicial. El nombre de la víctima no debe ser difundido al acusado o a su abogado, como tampoco debe mencionarse el domicilio de testigos o ubicación de los servicios de protección de testigos durante el proceso judicial. La víctima debería ser informada de la posibilidad de ser interrogada por separado;
  • enfatiza que el código penal debe ser ampliado para abarcar el concepto de instigar y secundar el tráfico que será un delito punible;
  • hace un llamamiento a que se sentencie a los clientes de víctimas que explotan a sabiendas y a propósito la difícil situación de mujeres traficadas a hacer una labor caritativa – pero ciertamente no en instituciones de apoyo a víctimas – o a una multa que debería destinarse a dichas instituciones;
  • insta a que durante el interrogatorio policial y judicial esté presente personal con formación especial en la materia. A estos efectos la formación de jueces, fiscales y personal de policía debe mejorar. Por otra parte, también debería disponerse de servicios de intérpretes especialmente cualificados;
  • subraya que la dimensión de la lucha contra el tráfico de seres humanos y de su explotación sexual debe ser objeto de mayor atención y consideración. Quienes deseen regresar voluntariamente y reintegrarse en sus países de origen deben contar con el apoyo necesario, ya que el 80% de las víctimas desean retornar a sus países. Esto debe llevarse a cabo en colaboración con ONG o autoridades locales;
  • hace un llamamiento a los gobiernos a firmar y ratificar el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, complementando la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada y la Convención del Consejo de Europa contra la Trata de Personas.

En conclusión, la Internacional Socialista de Mujeres llama a la toma de las medidas políticas pertinentes, más allá del ámbito judicial, para acabar con la violencia, poner fin al tráfico de seres humanos y a la vez apoyar la independencia econémica de la mujer. A estos efectos, se necesita con carácter de urgencia una campaña ampliamente difundida a nivel nacional y europeo contra el tráfico de la mujer.