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El tráfico de
seres humanos es el negocio que más beneficios rinde a la
delincuencia transnacional organizada. La cifra se sitúa
en siete mil millones de dólares americanos, mucho más
de lo que rinde la venta de armas y de drogas. Las víctimas
del tráfico son explotadas sexualmente, se las obliga a trabajar
como esclavas o cautivas, a casarse y a someterse a la extracción
de órganos. Se calcula que el número de mujeres y
niñas traficadas se sitúa en la cifra de 700.000 al
año; medio millón de mujeres van a parar a estados
miembros de la UE cada año.
La cooperación
internacional de autoridades judiciales y policiales tiene que ser
reforzada para combatir la delincuencia transnacional organizada.
Es necesario a la vez tomar medidas para mejorar la situación
económica de la mujer en los países de origen. La
independencia económica de la mujer aseguraría que
no fuera presa fácil de los traficantes. Es menester una
mayor cooperación política y económica con
los Estados afectados. El apoyo y ayuda a las víctimas del
tráfico en los países de destino debe ser acelerado
con la puesta en efecto de la directiva del caso de la UE antes
del 6 de Agosto de 2006.
En consecuencia, la
Internacional Socialista de Mujeres:
hace un llamamiento
a organizaciones internacionales a iniciar cooperación con
ONGs a fin de redactar planes de acción internacional que
sirvan de pauta para leyes vinculantes y acciones internacionales
teniendo en cuenta el reciente adoptado plan de acción del
Consejo de la Unión Europea que debería ahora ser
implementado;
hace un llamamiento
a gobiernos y organizaciones internacionales a proveer los necesarios
medios para la implementación de dichos planes de acción;
hace un llamamiento
a todas las organizaciones miembro a iniciar la cooperación
con otras ONG y autoridades gubernamentales a fin de redactar un
Plan de Acción Nacional que sirva de pauta para leyes vinculantes
y acciones institucionalizadas;
enfatiza la necesidad
de que los respectivos gobiernos nombren un coordinador nacional
para que asuma la responsabilidad del desarrollo e implementación
del Plan de Acción Nacional. Se deberán tomar las
medidas legislativas necesarias para equipar al coordinador con
un amplio respaldo logístico y político de los ministerios
correspondientes;
demanda que se
nombre un relator nacional que esté investido del derecho
legal para recoger y evaluar datos e información sobre el
tráfico de seres humanos. Se recogerán y presentarán
al parlamento todos los hechos, datos y demás información
pertinente. Esto constituirá la transición de la toma
de medidas reactivas a la toma de medidas proactivas;
urge a los gobiernos
a otorgar a las mujeres víctimas del tráfico un plazo
de estabilización de 30 días durante el cual no estarán
obligadas a prestar testimonio, deberán ser informadas por
las autoridades de sus derechos y tendrán cobertura de seguridad
social;
subraya que una
vez cumplido el plazo de estabilización las mujeres que estén
dispuestas a cooperar con las autoridades deberían recibir
permiso de residencia y de trabajo;
observa que es
menester adoptar programas especiales de protección de testigos
y víctimas que tomen parte en juicios y también durante
el proceso judicial. El nombre de la víctima no debe ser
difundido al acusado o a su abogado, como tampoco debe mencionarse
el domicilio de testigos o ubicación de los servicios de
protección de testigos durante el proceso judicial. La víctima
debería ser informada de la posibilidad de ser interrogada
por separado;
enfatiza que el
código penal debe ser ampliado para abarcar el concepto de
instigar y secundar el tráfico que será un delito
punible;
hace un llamamiento
a que se sentencie a los clientes de víctimas que explotan
a sabiendas y a propósito la difícil situación
de mujeres traficadas a hacer una labor caritativa - pero ciertamente
no en instituciones de apoyo a víctimas - o a una multa que
debería destinarse a dichas instituciones;
insta a que durante
el interrogatorio policial y judicial esté presente personal
con formación especial en la materia. A estos efectos la
formación de jueces, fiscales y personal de policía
debe mejorar. Por otra parte, también debería disponerse
de servicios de intérpretes especialmente cualificados;
subraya que la
dimensión de la lucha contra el tráfico de seres humanos
y de su explotación sexual debe ser objeto de mayor atención
y consideración. Quienes deseen regresar voluntariamente
y reintegrarse en sus países de origen deben contar con el
apoyo necesario, ya que el 80% de las víctimas desean retornar
a sus países. Esto debe llevarse a cabo en colaboración
con ONG o autoridades locales;
hace un llamamiento
a los gobiernos a firmar y ratificar el Protocolo de Palermo de
las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente Mujeres y Niños, complementando
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Transnacional Organizada y la Convención del Consejo de Europa
contra la Trata de Personas.
En conclusión,
la Internacional Socialista de Mujeres llama a la toma de las medidas
políticas pertinentes, más allá del ámbito
judicial, para acabar con la violencia, poner fin al tráfico
de seres humanos y a la vez apoyar la independencia econémica
de la mujer. A estos efectos, se necesita con carácter de
urgencia una campaña ampliamente difundida a nivel nacional
y europeo contra el tráfico de la mujer.
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