La seguridad humana significa vivir en paz, en libertad, en respeto de la dignidad de todos. Concierne a los individuos, a las comunidades y también al estado. La seguridad humana incluye proteger a las personas frente a amenazas y situaciones peligrosas y, al mismo tiempo, investirlas de poder para que actúen en su propio nombre. La seguridad humana es más que la ausencia de violencia y conflicto: abarca derechos humanos, buena gobernanza, acceso a la educación, al trabajo remunerado y a la salud.

A pesar de que la paz y la seguridad humana se consideran valores universales, siguen presentándose conflictos en diferentes partes del mundo, y la pobreza y la pobreza extrema continúan afectando a casi la mitad de la población mundial. En el comienzo del siglo XXI cerca de sesenta países padecen situaciones de conflicto o están apenas saliendo de ellas. Existe un vínculo directo entre conflictos y pobreza: la mayoría de los países en conflicto, tanto doméstico como internacional, se cuentan entre los más pobres.

La naturaleza de los conflictos ha cambiado en las últimas décadas, sus fronteras son cada vez menos definidas y aunque la mayoría de los conflictos son domésticos, los países y regiones vecinos también se ven afectados. En los conflictos recientes los civiles están cada vez más en el centro de la confrontación y ha habido también un incremento en la violencia de género, desde el abuso sexual hasta la violación sistemática, desde la prostitución forzada hasta los embarazos forzados, así como una violación continua de los derechos humanos de la mujer. Lo anterior se debe a que se considera a las mujeres como portadoras de la identidad cultural; por lo tanto la violencia de género conlleva un mensaje político y simbólico y la violencia sexual y la violación se han convertido en una estrategia de guerra.

Debido a estas nuevas características del conflicto violento, existen pocos mecanismos para proteger a las mujeres y a las niñas atrapadas en medio de la confrontación. Por lo tanto resulta todavía más imperativo poner freno a los conflictos y fortalecer su prevención y la construcción de la paz. Estas tareas recaen principalmente en manos de las instituciones nacionales, regionales e internacionales, en primer lugar las Naciones Unidas, cuya autoridad debe reforzarse y ser reconocida por todos sus estados miembros. La prevención del conflicto también significa entender y afrontar sus causas, entre las cuales predominan la pobreza y las privaciones sociales que a su vez constituyen terreno fértil para otras causas, tales como las divisiones culturales y la inestabilidad política y económica.

En tiempos de conflicto la acción humanitaria implica proteger a las personas en el campo de guerra; sin embargo en años recientes esto se ha hecho cada vez más complejo pues con frecuencia es difícil distinguir entre la intervención humanitaria y la intervención política y militar. Las decisiones sobre intervenciones militares deberían ser tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ser puestas en práctica en el marco del derecho internacional. El sistema legal internacional, tanto como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser reformado y desarrollado. La acción humanitaria no debería convertirse en un pretexto para la intervención militar, pero tampoco puede disminuirse ni cancelarse a causa de este riesgo. La acción humanitaria debe estar guiada por una aproximación basada en los derechos humanos y debe afrontar las necesidades esenciales de la población en cuanto a alimentos, agua, servicios sanitarios y refugio.

Las mujeres continúan teniendo poco acceso a la protección y a la asistencia ya que la ayuda humanitaria con frecuencia no les llega. La acción humanitaria debe abordar las necesidas específicas de la mujer, especialmente respecto de su cuidado físico y psico-social. La utilización de la violencia sexual como un arma de guerra deja traumatizadas a las mujeres y ha contribuido a la diseminación de infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH/SIDA. No sólo se requiere tratamiento médico sino también educación e información sobre prevención para todas las afectadas y aquellas amenazadas o en situaciones de riesgo, incluyendo aquellas que viven en campos de refugiados y las desplazadas internamente. Debe prestarse atención al comportamiento sexual de los hombres mientras ellos sean los principales transmisores de la infección VIH / SIDA.

Una consecuencia grave de los conflictos armados es la enorme movilización de personas que huyen de la guerra, las violaciones de los derechos humanos  y la discriminación étnica. La mayoría de personas refugiadas, retornantes o desplazadas internamente son mujeres y niños que son víctimas de la discriminación y el abuso de derechos humanos como reflejo de la discriminación tradicional, pero también a causa del debilitamiento de los mecanismos de protección de la comunidad y la familia.

A fin de crear una cultura de prevención más que de reacción, deben tomarse medidas concretas encaminadas a establecer un sistema de alerta y respuesta tempranas. El primer paso es hacer frente a las causas de fondo del conflicto. Las violaciones "de género", incluyendo la violación, el tráfico y la prostitución relacionada con las fuerzas armadas pueden ser indicadores de un posible conflicto. Otros indicadores son la presencia decreciente de mujeres en la sociedad civil organizada y en los partidos políticos, así como los altos niveles de violencia doméstica, como era el caso de Afganistán. Las misiones de investigación en las áreas de conflicto potencial deberían recurrir a la pericia de las organizaciones de mujeres.

La prevención y la resolución de conflictos por medios que no sean militares resultan entonces más urgentes que nunca. Resulta entonces esencial que las mujeres sean incluidas en el análisis, el dise–os de políticas y las negociaciones puesto que ellas están, probablemente más que los hombres, preparadas para iniciar y mantener un diálogo y para intentar nuevas vías, y puesto que las mujeres no están atrapadas en el comportamiento tradicional de confrontación. Existen muchos ejemplos, desde Irlanda del Norte hasta las campañas contra las minas antipersonal. Sin embargo, dichas iniciativas no son con frecuencia reconocidas, algunas veces se las desacredita o simplemente se ridiculizan.

El fin de los conflictos violentos no asegura la paz y la seguridad. La transición del conflicto hacia la paz es un proceso difícil, que no sigue un curso lineal. Comprende diversos pasos y etapas: alivio humanitario, rehabilitación, reconstrucción, fomento de la reconciliación y de la coexistencia y apoyo al desarrollo de la democracia. Hasta ahora ha sido limitada la participación de las mujeres en los procesos formales de paz. Sin embargo, las mujeres pueden desempe–ar un papel importante en dar forma a e implementar acuerdos de paz. Es por esto que resulta tan esencial implementar la Resolución 1325 del Consejo de seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad.

La ISM encomienda al Secretario General de la ONU para la nominación de Jane Holl Lute al cargo de Asistente del Secretario General para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y acoge los exitosos esfuerzos del ACNUR para ajustar su trabajo a las necesidades de las mujeres refugiadas.

La ISM acoge la entrada en vigor tanto de la Convención de Naciones Unidas con la delincuencia organizada transnacional y el Protocolo adjunto sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Estos documentos legalmente vinculantes son herramientas importantes que ayudarán en la protección y en la lucha contra el tráfico de personas -especialmente mujeres y niños-, en la protección y asistencia a las víctimas y en el fomento de la cooperación entre estados para lograr estos objetivos.

Asegurar la estabilidad y la seguridad humana es el primer paso en la reconstrucción de un país o una región después del conflicto. Incluso después de declarada la paz, las mujeres continúan amenazadas por la militarización y la cultura de la violencia que persisten en situaciones de post-conflicto. Debe asegurase la participación igualitaria de las mujeres en todas las etapas de las negociaciones de paz y en el proceso de reconciliación. Después de finalizado un conflicto, los hombres con frecuencia se adjudican a sí mismos tanto trabajos como oportunidades en la sociedad y asumen el dominio en la reconstrucción de su comunidad. No se brinda igualdad de oportunidades a las mujeres para que tomen parte en la reconstrucción de su comunidad. Las agencias de asistencia y de desarrollo deberían incluir la educación y el desarrollo del potencial económico de las mujeres en los programas de posguerra. Debe reconocerse en todas las políticas la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer, al igual que sus derechos políticos, sociales y económicos.

La salud y la seguridad humana son vitales para la supervivencia humana. La buena salud y la seguridad humana dependen de la paz y del desarrollo. El desarrollo es importante para el fomento de la educación básica, especialmente de mujeres y niños.  La educación es el más importante "recurso" para investir de poder a las mujeres y para el desarrollo de una comunidad. Invertir en educación básica para las niñas y mujeres ayuda a promover la salud y la seguridad de las niñas, de las mujeres y de todos. La capacidad de leer y escribir mejora la calidad de vida y afianza la seguridad de las personas. La educación sin el sesgo del género brinda libertad a través del conocimiento y ayuda a promover la seguridad humana.

La Internacional Socialista de Mujeres, por lo tanto, recuerda en particular las siguientes Convenciones internacionales:

á      La Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) del 18 de diciembre de 1979, la Declaración de Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra la mujer del 20 de diciembre de 1993, y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, del 20 de noviembre de 1989;

á      la Convención de la Asamblea General contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del 10 de diciembre de 1984, y la Declaración 3318 de la Asamblea General sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, del 14 de diciembre de 1974, en particular el párrafo 4 que hace un llamamiento por medidas efectivas contra la persecución, la tortura, la violencia y el trato degradante de mujeres;

á      la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción resultante de la  Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, llevada a cabo del 4 al 15 de septiembre de 1995, en particular la esfera de especial preocupación E sobre Mujeres y conflicto armado;

á      el documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU, Beijing+5, sobre otras acciones e iniciativas para implementar la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, llevada a cabo del 5 al 9 de junio de 2000, en particular sobre obstáculos para la participación igualitaria de la mujer en los esfuerzos de construcción de la paz, y sobre la balanza de género 50/50 en las misiones de paz y las negociaciones de paz y

á      el informe del Comité del Parlamento Europeo para los Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades sobre la participación de la mujer en la resolución pacífica de conflictos.

Además la Internacional Socialista de Mujeres

hace un llamamiento por el mejoramiento de los sistemas de justicia mediante el fortalecimiento de los procedimientos y mecanismos para la investigación, la denuncia, la interposición de acciones judiciales y el fin de la violencia contra las mujeres en situaciones de guerra y otros conflictos, así como por la consideración de la violación como un crimen de guerra que debe ser prevenido, perseguido y penalizado por la justicia internacional;

observa que el 80% de los refugiados del mundo son mujeres y niños y que el 90% de las víctimas de las guerras son ahora civiles, principalmente mujeres y niños, y que una amplia gama de estudios demuestra que la movilización de soldados varones Ðtanto de facciones guerreras como de los cuerpos de paz- contribuye al aumento de la prostitución alrededor de las bases militares y los campamentos de ejércitos, incrementando subsecuentemente la prostitución infantil y la propagación de enfermedades de transmisión sexual;

anima a los periodistas, en particular mujeres, a equilibrar cuidadosamente sus reportajes sobre el conflicto armado y al hacerlo a proyectar una imagen objetiva y humana, en contraste con la proliferante presentación belicosa y parcial de dichos conflictos;

hace un llamamiento por la protección de las personas refugiadas o desplazadas internamente, prestando especial atención a las mujeres y niñas a fin de abordar sus necesidades específicas y asegurar un acceso igualitario a la asistencia humanitaria;

observa que los servicios de salud deben abordar los derechos sexuales y reproductivos incluyendo programas para combatir y prevenir el VIH/SIDA que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. Considera un derecho fundamental el acceso a los medicamentos para combatir esta enfermedad, y pide a los países y las organizaciones internacionales que introduzcasn medidas para garantizarlo;

enfatiza que el apoyo médico y psico-social para mujeres y niñas sexualmente abusadas en periodos de conflicto o de post-conflicto debe garantizarse como una intervención prioritaria;

solicita enérgicamente la participación de las mujeres en el mantenimiento de la paz, en la diplomacia preventiva y en todas las etapas de la mediación y la negociación en procura de la paz;

hace un llamamiento al Secretario General de la ONU para que incremente el número de mujeres en las funciones relacionadas con la paz, tales como los Representantes Especiales y los Enviados, comenzando con un mínimo de 30%. En el contexto de una intervención de las Naciones Unidas como fuerza de paz y acción humanitaria, la prevención de violaciones y agresiones masivas de mujeres y niñas debe ser una prioridad, y deben tomarse medidas para evitar y prevenir dichos abusos en todos los conflictos internacionales y regionales. La persecución por razones de género debe ser considerada  un motivo para la concesión del derecho de asilo;

observa que la igualdad de género y la transversalidad de la perspectiva de género necesitan ser contempladas en todas las áreas y aspectos de la reconstrucción de países y regiones en etapa de recuperación después de un conflicto, otorgando también acceso igualitario a los recursos y a la capacitación, así como prioridad a la educación de las mujeres y las niñas;

subraya que las instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales deben fortalecer el papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos y en la construcción de la paz, as’ como establecer sistemas de alerta temprana (incluyendo sistemas específicos de género) para monitorear  situaciones potenciales de crisis;

respalda decididamente la propuesta de la Comisión sobre Seguridad Humana de ubicar la seguridad en el primer lugar de las agendas locales, nacionales, regionales y globales a fin de prevenir y resolver el conflicto y avanzar en cuanto a derechos humanos y desarrollo para proteger a las personas y comunidades e investirlas de poder.

Finalmente, la Internacional Socialista de Mujeres urge a los gobiernos para reorientar progresivamente al menos un 5% del gasto militar nacional hacia programas de salud, educación y empleo, encaminados a eliminar la desigualdad de género en la sociedad y a desarrollar el pleno potencial de las mujeres mediante el fomento y la protección de sus derechos políticos, sociales y económicos.

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