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La participación
política de las mujeres en América Latina y el Caribe
ha aumentado paulatinamente durante la última década.
Hay aproximadamente un 15% de mujeres en el poder ejecutivo, un
13 -14% en el legislativo y 11 países tienen ley de cuotas.
A nivel local el 5% del total de las alcaldías está
encabezada por mujeres. Son avances a celebrar, pero no bastan:
en la región de América Latina y el Caribe no se quieren
estos mínimos logros como modelo sino que lo verdaderamente
importante son las condiciones reales igualitarias de participación
política y social.
Las mujeres latinoamericanas
hicieron un gran aporte a la construcción de la democracia,
sobre todo durante las guerras y en la lucha contra las dictaduras,
pero ello no se tradujo en general en las mujeres alcanzando posiciones
de poder. En este contexto, Chile atrae la atención del mundo
entero al tener a una mujer presidente, Michelle Bachelet, y un
gobierno paritario en lo que respecta a ministerios, subsecretarías
y jefaturas de servicios en todo el país. Además,
se trata de una mujer socialista, una miembro de la familia de la
Internacional Socialista. Pero la Internacional Socialista de Mujeres
quiere que la excepción deje de serlo, que haya gobiernos
paritarios en toda la región, ya que a pesar de todo en Chile
y muchos otros países, la participación de las mujeres
en los parlamentos, gobiernos municipales y partidos sigue siendo
una asignatura pendiente.
Para que sea natural
la distribución equitativa en lugares de poder, hay que recurrir
a acciones afirmativas, como el sistema de cuotas. Es una cuestión
de principios democráticos: existen carencias en la representación,
y por ello, urge introducir mecanismos que las corrijan.
Paralelamente, el avance
hacia sociedades más democráticas y justas, requiere
la transformación de las estructures sociales, económicas
y políticas. Esto requiere de herramientas concretas para
el logro de la igualdad de oportunidades en donde las condiciones
de partida son diferentes. Es por ello que se necesitan políticas
públicas de activa promoción de las mujeres, que impulsen
y aseguren su adecuada inserción en el mundo laboral y en
los distintos ámbitos sociales y políticos en condiciones
de equidad y sin acoso sexual ni discriminaciones. Estas políticas
públicas tienen que incluir la dimensión de género
y que no sólo estén dirigidas a las mujeres. Las mujeres
no accederán a la igualdad real sólo con políticas
para ellas. Estas políticas públicas deben inscribirse
en el marco de modelos de desarrollo sostenible, inclusivos y equitativos.
Para lograr gobernabilidad
se requieren instituciones democráticas y estables y buenas
relaciones entre el gobierno y la sociedad. Una sociedad inclusiva
donde las mujeres juegan un papel activo aceleraría este
proceso.
En consecuencia la Internacional
Socialista de Mujeres:
apoya la propuesta
de la presidenta Michelle Bachelet de constituir una Alianza Paritaria
Latinoamericana, que potencie a las mujeres en sus objetivos igualitarios,
con el propósito, en definitiva, de conseguir una región
más acogedora para todas sus mujeres y para todos sus hombres
y
valora el compromiso
de la presidenta para terminar con la violencia hacia las mujeres,
promover los derechos sexuales y reproductivos entre los y las jovenes,
terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y aumentar
la tasa de incorporación de las mujeres al mercado laboral.
Además, la Internacional
Socialista de Mujeres hace un llamamiento a los gobiernos de la
región, en especial a aquellos liderados por partidos miembros
de la Internacional Socialista, a:
firmar y ratificar,
lo más pronto posible, el Protocolo Facultativo de la Convención
para la Eliminación de todas formas de Discriminación
en Contra de la Mujer, CEDAW, así como todos aquellos tratados,
acuerdos y compromisos internacionales y regionales;
hacer valer los
derechos de las mujeres en el trabajo, familia, acceso a bienes
públicos, salud, educación, vivienda y ayudar así
a la eliminación de la violencia contra las mujeres;
adoptar medidas
para asegurar la representación de las mujeres en todos los
niveles de las estructuras del gobierno y los partidos políticos;
garantizar la
plena vigencia a nivel internacional, regional y local de los derechos
sexuales y reproductivos en todas las etapas de la vida de las mujeres.
En este aspecto, la ISM deplora la reciente ilegalización
del aborto terapéutico en Nicaragua, considerándolo
un retroceso en los derechos de las mujeres como humanas e insta
o su inmediata reposición;
promover la generación
de políticas publicas dirigidas a las mujeres migrantes,
desde un espiritu internacionalista y solidario, tendiente a su
reconocimiento como sujetas de derechos económicos, políticos,
sociales y culturales;
promover, en
el contexto de reformas electorales, acciones afirmativas para asegurar
la participación equilibraba de la mujer y del hombre en
la toma de decisiones, tanto en istituciones como en partidos políticos,
puesto que es fundamental para el desarrollo de la gobernabilidad
democrática.
Finalmente, la igualdad
de oportunidades no es solamente responsabilidad de las mujeres,
sino también de sociedades democráticas y de partidos
sensibles a los cambios culturales, con vocación por la justicia
social, la equidad y la solidaridad con el fin de mejorar la calidad
de nuestras democracias y por una mayor eficacia de nuestro desarrollo
económico y social.
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