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En ningún país
del mundo mujeres y hombres tienen el mismo estatus y las mismas
oportunidades. Según los diferentes informes sobre desarrollo
humano de Naciones Unidas, las mujeres, por el hecho de serlo, son
discriminadas en diferentes grados en todo el mundo. Constatamos
que la violencia de género es un fenómeno mundial
resultante de esta profunda situación de desigualdad y uno
de sus máximos exponentes.
La Conferencia Mundial
de la ONU en 1993 sobre Derechos Humanos establece que la violencia
de género es la violencia que pone en peligro los derechos
fundamentales, la libertad individual y la integridad física
y psicológica de las mujeres. En la Declaración de
la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en los artículos 1 y 2, se especifica que “violencia
contra la mujer significa cualquier acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado
un daño físico, sexual o psicológico para la
mujer, que incluye las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se procede
en la vida pública como en la privada”.
La ISM felicita a la
Organización Mundial de la Salud por haber elaborado el Informe
Mundial sobre Violencia y Salud (Octubre 2002): este primer examen
comprehensivo del problema de la violencia presenta información
sobre violencia como un problema global de salud pública.
Al publicar este informe la OMS también apoya y apuntala
la labor y los hallazgos del Informe Especial sobre Violencia contra
la Mujer.
La desigualdad entre
hombres y mujeres es el origen de la violencia de género,
y es la propia estructura social quien proporciona legitimidad a
estos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad.
Al decir que la violencia de género es una consecuencia de
ese modelo de sociedad, también decimos que el fin de esta
violencia sólo será posible con un cambio de modelo,
con el fin de las relaciones de dominación, con la conquista
de la igualdad entre hombres y mujeres. Son los Estados por lo tanto
quienes tienen responsabilidad sobre ese modelo que debe ser modificado,
y deben intervenir con todos los medios a su alcance para prevenir
la violencia y proteger a sus víctimas.
En algunas partes del
mundo las mujeres son cruelmente tratadas e incluso ejecutadas por
supuestas relaciones extra-maritales o por tener hijos ilegítimos
–con frecuencia fruto de una violación o una violación
a manos de una pandilla. En muchos países incontable número
de mujeres son objetivo específico y son víctimas
de torturas y asesinatos, lo cual constituye para ISM un caso de
flagrante femicidio.
La violencia de género,
igual que lo hace la desigualdad entre hombres y mujeres, se manifiesta
de múltiples formas. Una de ellas es la violencia ejercida
dentro de la familia. Según la Organización Mundial
de la Salud casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio
son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores,
un porcentaje que se eleva hasta el 70 por ciento en algunos países.
Y una de cada cuatro mujeres es víctima de los abusos sexuales
por parte de su pareja en el curso de la vida.
Subrayamos que más
allá de que los responsables de estos actos son los agresores,
los Estados tienen también su parte de responsabilidad, puesto
que no han tenido la debida diligencia para proteger a estas mujeres.
Esta doctrina viene recogida claramente en la Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones
Unidas. Por lo que deberían impulsar leyes de carácter
integral que abarquen el fenómeno en toda su complejidad.
Siendo conscientes de
que la violencia de género tiene diversas manifestaciones
y que muchas de ellas afectan directamente a las niñas, queremos
denunciar la grave situación de millones de niñas
que cada año son mutiladas genitalmente. También denunciamos
la selección de sexo, los abortos forzados y el infanticidio
de niñas.
En el Informe del Fondo
de Población de las Naciones Unidas de Septiembre de 2000,
se reseña que cuatro millones de mujeres y niñas son
vendidas o compradas cada año con uno de estos tres destinos:
prostitución, esclavitud o matrimonio, y que dos millones
de niñas son introducidas cada año en el comercio
sexual.
La trata y el tráfico
de mujeres y niñas son una violación de los derechos
humanos, y están directamente relacionados con las desigualdades
de género y las causas socioeconómicas, las políticas
restrictivas a la inmigración y la pobreza. Por lo tanto,
para combatirles, es necesario adoptar un enfoque multidisciplinar
en el que participen todas las partes implicadas, así como
la cooperación nacional e internacional entres los países
de origen, de tránsito y el de destino.
La violencia de género
supone, en definitiva, la subordinación de las mujeres. Una
violencia que ataca a las mujeres por el mero hecho de serlo, que
nace de la estructura social y se reproduce en todos sus ámbitos,
desde la propia familia hasta prácticas institucionales,
por lo que su erradicación debe ser uno de los principales
objetivo de los órganos internacionales y de los Gobiernos
en cuanto afecta a los derechos humanos.
La Internacional Socialista
de Mujeres, por lo tanto:
hace un llamamiento
para que los Estados ratifiquen todos los instrumentos para la protección
y promoción de los derechos de la mujer, en particular el
Estatuto de Roma y la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y retiren
donde sea necesario las reservas que hayan presentado y firmen y/o
ratifiquen su Protocolo Facultativo;
hace un llamamiento
para que se elaboren legislaciones de carácter integral contra
la violencia de género en todos los Estados. Estas deben
abordar el problema en todas sus facetas, desde la prevención
en la educación, la sensibilización social, la mejora
de los sistemas policiales y judiciales, hasta la protección
efectiva a las víctimas, la reparación del daño,
y su recuperación integral e agregar legislación
para prohibir el acceso a sus viviendas de quienes perpetran actos
de violencia doméstica;
hace un llamamiento
a todos los gobiernos nacionales para que introduzcan legislación
comprehensiva para que la violación – incluyendo la
violación cometida por personal de vigilancia del cumplimiento
de la ley- constituya una ofensa criminal en aquellos lugares donde
todavía se la considera una falta menor, y para que la violación
sistemática constituya un crimen de guerra y que aseguren
que los responsables sean perseguidos y llevados a la justicia por
la Corte Penal Internacional establecida por las Naciones Unidas;
enfatiza la
necesidad de que los Estados asignen los presupuestos necesarios
para combatir la violencia de género en todas sus facetas,
estableciendo amplios programas de atención integral y protección
a las víctimas. Los esfuerzos y avances en este contexto
deberían considerarse como criterios para la evaluación
del desarrollo de los proyectos y programas de cooperación,
tanto por los donantes como por los beneficiarios de los fondos;
observa la necesidad
de colaboración con las organizaciones civiles y de mujeres
expertas en esta materia y anima a los estados a establecer
una estrecha cooperación con ellas, basada en la independencia,
el reconocimiento y respeto mutuo;
hace un llamamiento
para que la erradicación de la trata y del tráfico
de mujeres y niñas sean uno de los principales objetivos
de los estados en sus políticas y se combatan de forma integral,
interviniendo activamente en la persecución de las mafias,
la prevención, la sensibilización social y la atención
y apoyo a las víctimas; también para que se provean
programas de protección a testigos para las mujeres que aportan
evidencia contra los traficantes en las cortes;
hace un llamamiento
al Secretario General de la ONU para que, en aquellas intervenciones
de Naciones Unidas como fuerza de paz y humanitarias que realice,
se priorice la prevención de las violaciones y agresiones
masivas a mujeres y niñas, y ponga los medios para evitarlas
y prevenirlas en todos los conflictos internacionales, regionales
y locales; y para que considere la elaboración y la adopción
de una Convención sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer;
manifiesta la
necesidad de que se considere la violencia de género un motivo
para la concesión del derecho de asilo;
observa la urgente
necesidad de que los Estados aprueben y apliquen leyes contra la
mutilación genital femenina, la selección de sexo,
los abortos forzados y el infanticidio de niñas y, así
como aquellos delitos y crímenes justificados por el honor,
las tradiciones y las creencias religiosas.
Finalmente la Internacional
Socialista de Mujeres quiere manifestar la imperiosa necesidad de
trabajar por el avance de las mujeres al entender que, sólo
alcanzando la igualdad entre hombres y mujeres se podrá erradicar
la violencia de género, pues precisamente su origen está
en la desigualdad, la dependencia y la discriminación.
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