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Para las mujeres, el derecho al trabajo remunerado es uno de los derechos sociales fundamentales. Al mismo tiempo es una necesidad económica que asegura su independencia individual. El hecho de que este derecho no está plenamente reconocido, implica que las mujeres deben combinar su trabajo en el hogar con su trabajo remunerado, ya que no existen suficientes políticas públicas para el cuidado de los niños y ancianidad ni los hombres han sido incorporado suficientemente a las tareas de hogar. La doble jornada que resulta de ello tiene consecuencia sobre su salud, sobre su capacidad de promoción laboral y su reconocimiento social y político. Este hecho resulta especialmente grave en las áreas rurales y en los pequeños pueblos. Estudios recientes sobre el número de horas que semanalmente trabajan tanto mujeres como hombres, muestran que, si se toma en cuenta el tiempo de trabajo remunerado y el de trabajo sin remunerar, las mujeres trabajan muchas más horas por semana que los hombres. En el caso de las mujeres, el promedio del trabajo remunerado representa un tercio del total (tres cuartos del total para los hombres), en tanto que el trabajo no remunerado representa los otros dos tercios (un cuarto para los hombres). Esta situación vulnera los derechos sociales de las mujeres y amenaza seriamente su salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como una situación de bienestar físico, psicológico y social. La OMS señala el derecho de toda persona a gozar de protección sanitaria básica. Es responsibilidad del Estado proteger la salud de todas las personas. Dado que las mujeres ya padecen una situación prolongada de desigualdad, los parlamentos, gobiernos y ONGs deben promover los servicios de salud y la investigación en cuestiones relacionadas con la salud que se basan en un enfoque de género y sexo específico, y que promocionen las políticas globales desarrolladas para vencer esta desigualdad. Es fundamental exigir del Estado todas aquellas prestaciones sociales necesarias para atender a la infancia y a las personas que las mujeres por costumbre tienen a su cargo. La Plataforma de Acción, de Pekín (1995), establece que la desigualdad en los derechos, especialmente la sobrecarga en el trabajo de las mujeres es un de los principios obstaculos para que las mujeres puedan alcanzar niveles optimos de salud. Por otra parte, la violencia contra la mujer y particularmente la violencia doméstica es considerada hoy en día por la OMS (Informe de 1998) como una cuestión social y un problema de salud pública. No hay que olvidar tampoco los graves problemas ligados a la propagación del SIDA, a los asesinatos de mujeres, ni los problemas físicos y psicológicos debidos al abuso en el consumo de drogas y de alcohol. Otro modelo de la familia es necesario: una familia o familias en las que todos sus miembros gocen de los mismos derechos fundamentales y merezcan el mismo respeto como personas. Una familia que establezca un nuevo pacto de convivencia, y donde se repartan tanto las tareas del hogar como el trabajo remunerado. Es fundamental que se aprenda a resolver los conflictos mediante el diálogo y la negociación. Por otra parte hay que ofrecer más recursos a las familias en las que las responsabilidades del cuidado quedan en manos de la mujer únicamente. No olvidemos que la pobreza afecta fundamentalmente a las mujeres. Por consiguiente, la Internacional Socialista de Mujeres hace un llamamiento a los gobiernos para que: garanticen el derecho a la salud integral, centrada en la atención primaria y adopten políticas que posibiliten el acceso y la utiluzación equitativa de servicios de forma que compensen las desigualdades sociales y regionales; reconozcan que el trabajo excesivo, la carencia de tiempo y de descanso son causa de muchas enfermedades físicas y mentales, y de mucho malestar, hechos todos que impiden el pleno desarrollo al que todo indivduo tiene derecho; se lleven a cabo investigaciones sobre horarios y condiciones de trabajo de hombres y mujeres y evalúen los avances que ha habido en este terreno; tomen las medidas legislativas necesarias para incorporar el trabajo de la mujer en el hogar en las cuentas nacionales; organicen campañas para la toma de conciencia de la necesidad de que los hombres desempeñen igual papel que la mujer en la crianza de los niños y en el trabajo doméstico; adopten las medidas necesarias que hagan factible a toda familia -cualquiera sea su estructura- su acceso a los servicios de apoyo, entre los que deberían contarse los de puericultura (salas-cunas, guarderías infantiles, centros nutricionales), las del cuidado de la ancianidad, (seguridad social y centros de cuidados geriátricos), y de las licencias maternales y paternales que puedan ser adaptadas a las responsabilidades profesionales (subsidio por licencia familiar y parental), como asimismo, promoven otras medidas destinadas a apoyar a las familias que tienen cargas familiares, como menores, personas de edad y las personas minusválidas; y se dote a las
áreas rurales de infrastructura social y del equipamiento
necesario para asegurar la apertura e integración de las
áreas rurales.
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